Impulsado por Estados Unidos, que desea controlar la utilización de aviones no tripulados de empleo bélico, se enmarca la firma de un acuerdo en el denominado “Joint Declaration of Principles Regarding the Use and Export for Military UAV”. Se trata de un compromiso político que la administración de Barak Obama está trabajando desde hace un tiempo y que busca imponer un control o compromiso de otras naciones, en búsqueda de un orden en el mercado de UAV o drones. A este acuerdo se ha suscrito Argentina.
Se pretende así instaurar un control en el empleo de los drones equipados militarmente. Sabida es la utilización de estos sistemas para misiones de combate y aniquilación de objetivos sensibles en Afganistán e Irak, el objetivo ahora es limitar la transferencia tecnológica entre países o, por lo menos, controlarla y hacerla transparente, efectuar un claro seguimiento de las operaciones comerciales con este tipo de material, acometer auditorias entre naciones para establecer marcos regulatorios sobre la venta y uso de este tipo de materiales y asumir el compromiso de vender drones armados sólo a aquellos usuarios legales y que puedan ser auditados internacionales.
Este acuerdo ha causado cierta conmoción, criticado por muchas organizaciones de derechos civiles y control de armas, que argumentan que es quien usa más este tipo de artefactos, o sea los EEUU, quien desea controlar a las demás naciones. Los grandes productores y exportadores de drones en el mundo son los EEUU, Israel, la Unión Europea y China, por lo que se busca que todos estos países firmen este pacto, lo que daría al mismo una potencialidad distinta.
Entre tanto, este acuerdo es visto por muchos observadores como la forma de aniquilar los programas de UAV autóctonos. Argentina es el país latinoamericano que posee más interesantes sistemas de UAV de factoría propia, buscando la autonomía tecnológica e independencia de diseño y actualización, muy lejos de otros países del continente, que sólo adquieren sistemas a bloque cerrado. El país eligió el camino más largo y complejo, el del desarrollo tecnológico, no solo con la utilización de materiales compuestos para sus fuselajes, de los sistemas de guiado y de las cargas útiles, de los elementos propulsores, además pensó en la clara creación y adaptación de una doctrina propia de UAV, tarea que demanda tiempo y fondos dinerarios considerables.
Es mucho más fácil adquirir un sistema importado técnicamente interesante, tenerlo en operación y depender de los servicios foráneos para su sostenimiento, en especial de los sistemas de cargas útiles y electrónicos, lo que además puede ser apreciado por funcionarios y políticos en un tiempo prudencial, que desarrollar un sistema completo, lo que demanda años.
Así, la crítica de sectores tecnológicos nacionales a la rúbrica Argentina del“Joint Declaration of Principles Regarding the Use and Export for Military UAV” se basa en que podrían correr peligro los programas autóctonos en curso, que ya de por si tienen un atraso importante. Conociendo la historia nacional de otros proyectos y sistemas, fundados temores tienen los sectores de investigación ante este acuerdo internacional, que simplemente podría ser el acta de defunción de más de un proyecto nacional. (Luis Piñeiro)
