En los últimos meses, diferentes analistas han coincidido en que es necesario y urgente recuperar las capacidades militares.
Todos esos artículos dan por supuesto el para qué queremos recuperarlas. Sin embargo, es justamente esa pregunta la que no tiene una respuesta unívoca entre los especialistas, en un fuerte contexto de irrelevancia de la temática en la agenda pública y gubernamental.
Existen, al menos, tres respuestas al para qué. La primera es la de quienes adoptan la agenda de otros países y proponen utilizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Para ello insisten con modificar la ley de defensa de 1988 porque la consideran anacrónica, olvidando que la ley de defensa de los Estados Unidos data de 1878.
La segunda propone veladamente retomar las hipótesis de conflicto con los países vecinos. Por último están los que consideran que el libre comercio y los organismos internacionales vuelven innecesarias las Fuerzas Armadas, y quieren convertirlas en una especie de Gendarmería y Prefectura reloaded, o algunos, sin decirlo, estarían encantados en no tener que financiarlas. Estas propuestas suponen la destrucción de la defensa nacional.
Entonces, ¿para qué? Hagamos una analogía: no sabemos con certeza qué enfermedades podemos llegar a tener, pero tenemos indicios de los recursos médicos con que deberíamos contar para enfrentarlas.
La política de defensa nacional y sus Fuerzas Armadas deben adiestrarse, alistarse y prepararse para conjurar y repeler una agresión militar estatal externa contra los intereses vitales y/o una agresión que afecte los objetivos de valor estratégico, que son aquellos cuya afectación torna inviable la defensa y al país. Asimismo deben contribuir a la política exterior argentina participando activamente en las operaciones internacionales que la cancillería argentina defina. Por otro lado, deben estar preparadas también para coadyuvar a otras agencias del Estado en situaciones de desastres antrópicas y/o naturales en nuestro país y/o en países amigos que la requieran. Por último deben contribuir a la integración regional fortaleciendo los lazos regionales.
¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, no debemos realizar más modificaciones normativas. En segundo lugar, ya existe un plan: el Plancamil 2011, el cual sólo requiere una actualización financiera. En tercer lugar, un aumento del presupuesto no soluciona los problemas sin las reformas de fondo ya previstas en la ley 24.948 (que no ha sido reglamentada aún).
Es decir, establecer un sistema de ingreso de profesionales al Ministerio de Defensa a través de la Universidad de la Defensa Nacional, similar al existente en la Cancillería; modificar la ley de personal militar Nº 19.101; adecuar el despliegue a la actual realidad regional y nacional, dado que el vigente data de la década del 60; definir una estructura orgánica acorde y luego, recién, mejorar paulatinamente el presupuesto hasta converger con el 1,5% del PBI. ¿Cómo podemos realizar esta "inversión en defensa"?
Una alternativa sería crear un fondo específico para efectuar las inversiones en equipamiento -y no en gasto corriente- que podría ser financiado a través de las retenciones a las exportaciones agrícolo-ganadera, minera, petrolera y a la renta financiera.
Hay que dejar de discutir para atrás, mantener lo que se hizo bien y mirar al futuro, porque si prestamos mucha atención al retrovisor podríamos terminar chocando.
Doctor en Ciencia Política. Profesor en la UBA de Defensa y Seguridad. Autor del libro ¿La irrelevancia de los Estados Unidos?
