Unsam.edu.ar - Especialistas en política científica y tecnológica del Centro Argentino de Relaciones Internacionales presentaron propuestas para abrir el debate de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Agencia TSS – Inversiones en I+D con más participación de las empresas, mayor interrelación entre las distintas áreas gubernamentales, formación de tecnólogos y definición de grandes proyectos tecnológicos son algunos de los puntos que no deberían faltar a la hora de definir una política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que busque continuar con el desarrollo del país. Así lo considera un grupo de especialistas en política científica y tecnológica del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales(CARI), que recientemente presentaron una propuesta que pretende abrir el debate en la sociedad y en la agenda de los candidatos electorales y sus asesores.
Se trata de un documento breve en el cual sus autores (Eduardo Charreau, Francisco de la Cruz, Juan Carlos del Bello, Carlos Abeledo, Mario Lattuada y Mario Mariscotti, todos científicos con algún antecedente en la función pública) recomiendan ocho aspectos que deberían formar parte de una política de CTI, con el convencimiento de que “la creación del conocimiento que proviene de la investigación científica y tecnológica y su interacción en el sistema productivo, estatal y privado es una necesidad vital para la existencia de un país que base su prosperidad en la creación de bienes y servicios de alta calida
Durante la presentación de la propuesta, Mariscotti, coordinador la Comisión de Ciencia y Tecnología del CARI, aclaró que si bien consideran que las metas son un factor clave para el desarrollo de cualquier política, no elaboraron un plan porque eso le corresponde a los políticos. De todos modos, en el documento sugieren, entre otras cosas, “alcanzar en el próximo período de gobierno la meta varias veces anunciada del uno por ciento en la inversión total en I+D sobre el PBI, con al menos un 40 % de participación privada. Esto significa incrementos anuales en la relación I+D/PBI de 7,3 % en el sector público y 20 % en el sector privado, y alcanzar un índice I+D/Ventas de 0,6 por ciento”.
Al respecto, Charreau –expresidente del CONICET– dijo que “para considerar el porcentaje del PBI dedicado a ciencia y tecnología hay que pensar en dos responsables: el sector público y el privado, y por eso hay que trabajar para que esa relación llegue a un 50 % de cada uno”. Para lograrlo es necesario promover el vínculo y la participación de la industria y las empresas privadas en actividades de ciencia y tecnología, sostuvo.
“Se necesitan contextos económicos y políticos previsibles y construir puentes, no solo entre el sector de ciencia y tecnología y las políticas públicas, sino también con la sociedad y, sobre todo, con el sector productivo”, coincidió su colega Lattuada y agregó que, “para construir esos puentes se necesita, entre otras cosas, modernizar y agilizar las estructuras de la burocracia estatal; son desafíos que trascienden claramente al ámbito de la ciencia y la tecnología”.
Al respecto, Abeledo –también expresidente del CONICET– enfatizó que “el MINCYT no puede hacer todo solo si otras áreas del Gobierno no toman conciencia de que se pueden apoyar y desarrollar acciones basadas en el conocimiento científico”.
Otros puntos de la propuesta elaborada por los especialistas del CARI ponen el acento en asegurar la calidad y la mejora continua en las actividades de ciencia y tecnología; contar con instrumentos confiables, eficientes e independientes que evalúen de manera periódica y rigurosa el cumplimiento de metas anuales; incentivar la incorporación de laboratorios de I+D en el sector productivo; y formar recursos humanos con perfiles más tecnológicos.
Vanina Lombardi
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