El Gobierno chileno, desde la llegada de la actual presidenta al Ministerio de Defensa en 2002 y con quien tuve la oportunidad reunirme en su primera FIDAE, ha abordado, quizás de forma silenciosa, una reforma de sus Fuerzas Armadas y de la política de defensa, que es un modelo que debería ser copiado por otros países de la región, tomando en consideración de dónde procedía.
En estos ya casi catorce años y con alternativas en la Presidencia durante el Gobierno conservador de Piñera, se han tomado decisiones muy trascendentes y que han producido impactos muy positivos, no sólo para las Fuerzas Armadas chilenas, sino para toda la nación.
La primera gran apuesta fue por el control político de la Institución militar. Para este objetivo los sucesivos gobiernos han encontrado siempre en las Fuerzas Armadas un aliado que les ha permitido incrementar su profesionalización y atenerse a las necesarias instrucciones políticas que marcan la política de defensa de cualquier país. Pero este control no se ha realizado con un ánimo de revertir la mala praxis del pasado, sino como una necesidad ante las políticas de los países aliados de Chile, es decir con profesionalidad y diálogo.
La segunda gran apuesta fue el refuerzo de la comunalidad en la acción de las distintas fuerzas. Lo conjunto prima hoy en día en la acción militar en la esfera internacional y nacional frente a la individualidad. El fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto ha permitido, sin duda, aprovechar economías de escala, mejorar la eficiencia de todas las fuerzas y, finalmente, disponer de un órgano clave en la planificación de las necesidades de la defensa desde el punto de vista de la nación.
La innovación industrial ha continuado en estos años y la industria de defensa, especialmente en el campo terrestre, con la profunda renovación en FAMAE, goza de un nivel tecnológico que es líder en toda la región. El tamaño del país frente al gigante brasileño, con diez veces más población, no ha sido una limitante para que la industria chilena haya alcanzado unas cotas de capacidades en mantenimiento y fabricación, en campos tan diversos como los astilleros navales con ASMAR, ENAER y, sobre todo, DTS, que se ha convertido en una empresa de referencia en el campo de la electrónica de defensa y, en general, de las tecnologías de la información.
Durante todos estos años he continuado manteniendo contactos y reuniones y podido apreciar este fenómeno de consolidación industrial. Sin duda, los diferentes ministros de Defensa y las demás autoridades civiles y militares han buscado siempre en sus adquisiciones de material cómo involucrar a la industria nacional, incrementando la autosuficiencia en el ciclo de vida, la autonomía en la operatividad y, en definitiva, contribuir a la soberanía industrial en el sector, pilar indispensable de una política de defensa. Sin embargo, nuevos retos amenazan todo lo conseguido.
Los resultados de CODELCO, la corporación del cobre, en 2016 han sido muy negativos, debido a la brutal caída de los precios de las materias primas, y el Gobierno tuvo que capitalizar la compañía con una aportación de 600 millones de dólares. Este descenso de los ingresos amenaza la principal fuente de recursos para la inversiones militares, que se beneficiaron de los precios altos de los años anteriores.
La Ley Reservada del Cobre se pensó para asegurar un suelo a las inversiones militares, sobre la base de las grandes exportaciones del mineral, de manera que la balanza de pagos no se desequilibrara por las importaciones de sistemas de armas. Hoy, este sistema no sirve, dadas las fluctuaciones, para garantizar los recursos necesarios para continuar el esfuerzo modernizador de las Fuerzas Armadas chilenas. El Gobierno debe arbitrar medidas adicionales que cubran el déficit que los beneficios de la venta de cobre están produciendo en las capacidades de las Fuerzas Armadas.
Para Chile, su salida al exterior es fundamental para no quedar arrinconado al otro lado de los Andes en una estrecha franja. Su futuro comercial está en el Pacífico y también en el Atlántico. Garantizar su presencia en las grandes decisiones de la seguridad en ambas regiones es clave para asegurar que los recursos necesarios llegan al país y que sus productos salen a los mercados. Las alianzas políticas entre estados en las que se fundamentan las relaciones comerciales exigirán de Chile nuevos esfuerzos en la seguridad colectiva, como no podía ser de otra manera en una democracia consolidada en lo político y en lo económico. Para cumplir con estos retos serán necesarios nuevos recursos y también continuar en el esfuerzo modernizador de las Fuerzas Armadas, potenciando lo conjunto. Sin duda, este tipo de decisiones son dolorosas para las instituciones, pero los beneficios que se derivan de las mismas compensan de los sinsabores que a menudo produce el cambio.
En esta nueva FIDAE, que inició su andadura como FIDA en 1980, se repetirán una vez mas los éxitos que han hecho de esta exhibición la más importante de todo el Continente, solo comparable a Le Bourget y Farnborough a nivel mundial. Hemos visto volar el A340-600, el A380, el A400M, el Airbus y el Boeing 787. La Fuerza Aérea chilena ha sabido aprovechar este certamen para dar a conocer sus capacidades, pero también para promocionar a Chile en el contexto aeronáutico internacional. Para un país de 17 millones de habitantes, ha sido todo un milagro que la FACh continúe llevando su nombre por todo el mundo y que durante una semana Santiago de Chile sea la capital mundial de la aeronáutica.
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