Un informe denuncia reuniones con Estados Unidos y el nombramiento de militares en el Ministerio de Defensa en medio de la lucha contra las drogas
Pablo Helman
Promesa presidencial de sostener la lucha contra el narcotráfico como uno de los ejes de su gestión podría tener, a juicio de un informe del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales), el Grupo Convergencia XXI y el Ilsed (Instituto Latinoamericano para la Seguridad y la Defensa), contracaras polémicas en materia de derechos humanos: una participación de las fuerzas armadas en política interior, una militarización de las fuerzas de seguridad y la participación activa de Estados Unidos en la lucha contra las drogas (más que contra el narcotráfico).
El título del informe es por demás sugerente: “La riesgosa política del Gobierno para las Fuerzas Armadas”. Y está firmado por Carlos Acuña, Ileana Arduino, León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Paula Canelo, Gastón Chillier, Agustín Colombo Sierra, Enrique Del Percio, Katchik Derghourgassian, Rut Diamint, Natalia Federman, Enrique Font, Sabrina Frederic, Jaime Garreta, Gabriel Kessler, Paula Litvachky, Ernesto López, Pablo Martínez, Germán Montenegro, Alejandra Otamendi, Gustavo Palmieri, Hernán Patiño Meyer, Raúl Sánchez Antelo, Marcelo Sain, Luis Tibletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vázquez y Horacio Verbitsky. Y si bien a juicio de Paula Litvachky “tiene un carácter esencialmente de advertencia”, señala que a partir de las últimas decisiones de Mauricio Macri y del Ministerio de Defensa podríamos estar en un contexto en el que se viole la ley de defensa. Algo que, según los firmantes, puede dar pie a situaciones en las que militares intervengan concretamente en cuestiones nacionales.
Estados Unidos. Para Lit-vachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Cels, “quisimos marcar una tendencia en algunas decisiones de política del gobierno, especialmente al quedar enmarcado en el paradigma de la guerra contra las drogas, que ha tenido efectos muy negativos en la región. Y al mismo tiempo, con el documento quisimos dar una información más precisa en cuanto a innumerables reuniones que se tuvieron con funcionarios del gobierno estadounidense, con el gobierno francés... Quisimos indicar que se está generando una política, enmarcada en la cantidad de reuniones que hubo, más algunas definiciones que se tomaron, líneas que se dieron en algunos cursos. La idea fue poner todos los datos juntos y que haya conciencia de hacia dónde va la política”.
La acción norteamericana contra el narcotráfico y el terrorismo tiene valores con implicancias en la política local. Litvachky explica que “hay un paradigma respecto de las nuevas amenazas que legitima la acción de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Y esto va contra las leyes del país y es una toma de decisión política fuerte”. Y que tiene como contraparte una militarización también de las policías.
Contra las drogas o contra el narcotráfico. La militarización de las policías es el reflejo de una confusión entre seguridad y defensa. “El paradigma tiene que ver con las dos cosas. Nosotros advertimos contra la política hacia las Fuerzas Armadas. La legislación argentina es clara en este sentido y diferencia la defensa nacional de la seguridad interior. Lo que se llama ‘lucha contra el narcotráfico’ implica algunas acciones más duras de las policías”, explica la directora del Cels.
Las tácticas y estrategias de la lucha contra el narcotráfico se transforman en una lucha contra las drogas. Y esto implicaría tener un accionar más violento en cuestiones que podrían resolverse con “políticas de salud pública. Es una confusión”, según la entrevistada.
Uno de los correlatos de toda esta tendencia puede observarse también en los casos recientes de violencia de parte de las fuerzas de Gendarmería y Prefectura en barrios carenciados del cordón sur: “Hay un modo de entender la seguridad, que se pensó en su momento, que tiene que ver con cómo se pensó al cordón sur que respondía a una demanda genuina de seguridad de los barrios y de romper la lógica que había en esos barrios con la Policía Federal. Eso se fue deteriorando con el tiempo. Y la actuación de Prefectura y Gendarmería fue complicando la misma situación de los barrios con estos temas. Y ahora, con la idea de replegarlas, queda el territorio como un lugar donde no se sabe qué va a pasar. Lo mismo es lo que denunciamos con los chicos de Barracas, que habla de prácticas permanentes en las que el verdugueo y las detenciones arbitrarias son constantes. Esto terminó siendo un emergente muy grave. Pero es una práctica que venía de antes. Hay cambios, aunque tampoco podemos decir que sean prácticas que comenzaron ahora: el caso Bulacio es un ejemplo de la tendencia”.
Sin orden judicial. Si bien no hay denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, se advierte que se puede crear un escenario hacia una política de seguridad que incluya detenciones sin causa por averiguación de antecedentes.
Políticas. “Nuestro punto es que si la política de seguridad está en este momento orientada a desplegar policías territorialmente para generar ese tipo de detenciones, las violaciones se van a multiplicar. Porque la policía genera ese tipo de prácticas, y si la política va hacia ese lado, se genera un marco para eso”.
La situación del ejército actuando en política interior, especialmente en inteligencia, fue una acusación sobre el gobierno anterior. ¿Hay continuidad en este sentido? “Para ser precisos –dice Litvachky–, nosotros no tenemos información específica sobre cuáles fueron estas prácticas del ejército. Esto independientemente de que cualquier práctica de inteligencia sea repudiable. Lo que señalamos aquí es el riesgo de una política y su implementación”.
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