Se trata de la francesa DCNS. Está acusada de pagar coimas en un proyecto junto a Odebrecht. Sería un contrato por uS$ 400 millones.
Gabriel Ziblat
DCNS es una de las principales constructoras navales de Europa y su accionista mayoritario es el Estado francés. La negociación apunta a la compra de cuatro buques del estilo OPV (siglas en inglés para Offshore Patrol Vessel). El objetivo es que sean embarcaciones que sirvan para patrullar en alta mar, en especial en el límite de la zona económica exclusiva argentina, donde hay una proliferación de barcos pesqueros. A pesar de que no se conocen cifras oficiales, el contrato estaría en torno a los 400 millones de dólares (dos se construirían en Francia y otros dos en la empresa estatal argentina Tandanor).
La negociación se habría puesto en marcha en febrero del año pasado, cuando el presidente francés, François Hollande, visitó el país y se reunió con Mauricio Macri. Fuentes que siguen de cerca la industria naval cuentan que los barcos que se negocian son del modelo del patrullero L’Adroit, que construyó DCNS hace seis años, pero que finalmente la marina francesa no se lo compró. Y que desde ese entonces buscan venderlo.
La Armada es la que viene llevando adelante la negociación, tema seguido de cerca por el Ministerio de Defensa y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Desde los tres sectores respondieron a PERFIL que la negociación todavía es incipiente y que también se están evaluando otras ofertas, tanto de España como de China (en una entrevista el ministro Julio Martínez había dicho Rusia). Sin embargo, hay versiones que indican que con los franceses es con los únicos que ya hay un borrador de un contrato.
Sospechas. La elección de DCNS despertaría suspicacias por los antecedentes que acarrea la empresa. Durante 2016, avanzó en Brasil una investigación por sobreprecios en un programa para la construcción de cinco submarinos que llevan adelante en conjunto Odebrecht y DCNS.
No es la primera vez que la empresa francesa queda envuelta en escándalos internacionales. Tiene antecedentes de denuncias en Pakistán, India, Malasia y Taiwán. En el primero de los casos se comprobó, incluso, que hubo retornos para financiar la campaña presidencial de Edouard Balladur, en 1995. PERFIL intentó contactarse con DCNS pero no obtuvo respuesta.
Desde el Gobierno aseguraron desconocer que la empresa estuviera envuelta en una investigación con Odebrecht. Y respondieron que lo tendrán en cuenta “cuando haya alguna indicación judicial concreta”.
Sin licitación. La compra de los buques también levanta polémica porque se está haciendo por contratación directa. La ley lo permite cuando se trata de cuestiones de secreto militar o en acuerdo de país a país (Macri y Hollande firmaron un acuerdo de cooperación en Defensa). Pero hay sectores que sostienen que, en este caso, no se justifica.
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