El Gobierno de Chile ha destruido 130.497 minas antipersonal y antitanque de un total de 181.814 artefactos instalados en diferentes zonas del país y ha indicado que registra un 72% de avance en el proceso de desminado humanitario.
Estos datos fueron dados a conocer por el ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez, en la firma de las actas de liberación de 13 campos minados situados en Pampa Concordia, ubicado al sur de Quebrada de Escritos, Arica. Para la autoridad estos trabajos representan una clara muestra del compromiso asumido por Chile de desminar sus fronteras en 2020 tal como se comprometió el país tras suscribir la Convención de Ottawa que prohíbe el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonal y obliga a su destrucción.
Según la Cuenta Sectorial del Ministerio de Defensa correspondiente al últimoMensaje Presidencial, en el período mayo de 2015 a mayo de 2016 fueron desactivados y destruidos 45.538 artefactos y despejadas un total de 48 áreas que equivalen al 72,05% del territorio minado. La región del país en la que más se progresó fue Arica y Parinacota en la que se removieron 39.689 minas y se limpiaron 28 campos, seguida por Antofagasta con 4.724 minas y 15 zonas, Magallanes con 1.123 minas y cuatro áreas y Valparaíso con dos minas destruidas.
El proceso de desminado tiene previsto despejar este año nueve áreas en Arica y Parinacota, siete en Antofagasta, una en Magallanes y una en Valparaiso. Junto a esto, se seguirá otorgando prestaciones de salud a las víctimas de minas y explosivos abandonados conforme a los protocolos vigentes a la espera de la tramitación del proyecto de ley que proporcionará reparación a los afectados por la detonación de estos dispositivos.
Estos datos contenidos en un documento público más la información divulgada por el ministro Gómez contradicen las críticas formuladas en los últimos días por el presidente Evo Morales y el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferrerira, quienes acusaron a Chile de un supuesto incumplimiento y avance mínimo en el proceso del retiro de minas antipersonal existentes en la frontera de ambos países
Las autoridades de La Paz sostienen que la información chilena no es correcta ya que según sus datos en 2014 el proceso de desminado alcanzó un 25% y no un 69%. Frente a este panorama, Ferreira indicó que es necesario que Chile elabore un proyecto de desminado total en el que esa nación andina invierta recursos de su presupuesto militar para que en 2020 cumpla su compromiso de erradicar las minas como indica la Convención de Ottawa y no se produzca una nueva petición de extensión de plazo.
Un complejo proceso
Chile instaló minas en las fronteras que comparte con Argentina, Perú y Bolivia a mediados de la década de 1970 por problemas diplomáticos. En 1997 firmó la Convención de Otttawa que prohíbe este tipo de artefactos militares y se comprometió a retirlas en un plazo de 10 años. Este acuerdo entró en vigencia marzo de 2002 y en 2004 comenzaron los trabajos de remoción de minas.
El organismo responsable de coordinar la ejecución de estas labores es laComisión Nacional de Desminado Humanitario del Estado Mayor Conjunto. Para ello, han sido capacitados y entrenados efectivos del Arma de Ingenieros del Ejército quienes realizan este proceso en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Magallanes mientras que la Partida de Operaciones de Minas Terrestres de la Armada (POMTA) efectúa este proceso en las islas del canal Beagle y cabo de Hornos en el extremo sur del país.
Para desactivar minas, Chile utiliza tanto el desminado manual como el mecánico. En 2008 compró a la empresa suiza MineWolf Systems dos máquinasMinewolf MW 370 y a compañía eslovaca Wey Industry tres Bozena 5. Estos equipos están a cargo del Ejército y han sido usados en el norte del país.
La dificultad de encontrar este tipo de material y su instalación en zonas de difícil acceso y extremas condiciones climáticas impidieron que Chile cumpliera el plazo de retirar en 10 años la totalidad de las minas. Por este motivo, en marzo de 2011 solicitó al Comité de Estados Permanentes de la Convención de Ottawa una prórroga de 8 años para completar este proceso. Esta solicitud fue aprobada en diciembre de 2011 en la XI Reunión de este organismo que se realizó en Phnom Penh, Camboya.
No hay comentarios:
Publicar un comentario