En medio de la polémica por el millonario pedido de armamento a Estados Unidos se esconde un ajuste que paralizará a las Fuerzas Armadas. Cuáles son los recortes y los principales proyectos de desarrollo tecnológico dados de baja por un Gobierno que había prometido reequipamiento y mejoras salariales para el sector.
Por Natasa Loizou y Carlos de la Vega
Agencia TSS – En el El arte de la guerra, de Sun Tzu, puede leerse: “La guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad… Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos; si está lejos, aparentar que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo”. Esta obra del general y filósofo chino del siglo V a.C. es muy popular entre los CEO modernos y la parte del engaño parece haber sido bien asimilada por un Gobierno conformado por dueños y directivos de grandes compañías.
Días atrás, en una reunión en el Ministerio de Defensa encabezada por el presidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa, Julio Martínez, junto con funcionarios nacionales, senadores y jefes de las Fuerzas Armadas, se presentó un plan que está muy lejos de las promesas electorales y del discurso mediático que el Gobierno venía desplegando. La exposición, titulada “Detalle de reducción del gasto en la jurisdicción Defensa” (ver presentación), estuvo a cargo del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Bari del Valle Sosa, quien expuso los recortes presupuestarios previstos para el año 2017. Aunque en términos porcentuales, en relación con el presupuesto total de Defensa, los recortes puedan parecer menores (Tabla 1), afectan al núcleo de las capacidades de la jurisdicción e, incluso, revierten inversiones fundamentales realizadas durante el ciclo kirchnerista.
Las promesas que no fueron
Una de las muletillas que enarboló Cambiemos fue la de asegurar las fronteras y combatir al narcotráfico. Esta iniciativa incluía el empleo no muy claro de, al menos, algunas capacidades militares en dicho cometido. Haciendo abstracción de que tal situación violaría las leyes N.° 23.554 –de Defensa Nacional– y N.° 24.059 –de Seguridad Interior–, y de los aberrantes resultados que estas experiencias tuvieron en otros países de la región, lo cierto es que ni siquiera esta promesa de “asegurar” la vida nacional a cualquier costo mantiene coherencia en la administración actual.
Más allá de la compra de cuatro lanchas militares israelíes por parte del Ministerio de Seguridad, cuya pertinencia para patrullar nuestros ríos es cuestionada, y de la parafernalia de armas que se pretende comprar a Estados Unidos por una suma que superaría los 2000 millones de dólares –aunque el Gobierno salió a aclarar que parte del pedido implicaría una donación– y por la que el bloque de diputados del Frente para la Victoria pidió la interpelación de la canciller Susana Malcorra y del titular de Defensa, Julio Martínez, el Gobierno se encamina a un desmantelamiento del área similar al ocurrido en la década de los noventa, durante la presidencia de Carlos Menem.
El recorte presentado por el general Sosa para el año en curso comenzó en realidad en 2016, como surge de su propia exposición, y rondará los 8929,3 millones de pesos al final de 2017 (Tabla 2). Pero, más importante que el volumen del recorte es hacia dónde se dirige. En 2016, el 80,3% del presupuesto reducido recayó sobre las partidas destinadas a ciencia, tecnología y producción para la Defensa; en 2017, será otro 10% más (ver gráfico “Recorte presupuestario en porcentajes por tipo de actividad afectada”). Esto guarda sintonía con el ajuste a nivel general aplicado al sistema científico-tecnológico nacional e impacta especialmente en algunas de las iniciativas más virtuosas implementadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, como el Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF), la fabricación de la segunda serie de los radares primarios de largo alcance (RPA3DDLA), la modernización de los radares transportables TPS 43 y la remotorización de los aviones IA-58 Pucará.
El PIDDEF es un esquema de subsidios implementado por el Ministerio de Defensa desde los tiempos de Nilda Garré, con el que se financian investigaciones específicas para este sector, acompañado de un programa de becas (PBDEF) para la formación de investigadores jóvenes. El PIDDEF es un complemento al Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollo para las Fuerzas Armadas (RPIDFA), un sistema paralelo al CONICET para el sector de Defensa, creado en 1972. La supresión del PIDDEF priva de una de las mejores herramientas para la generación de nuevos conocimientos y capacidades tecnológicas para las Fuerzas Armadas e implica un grave obstáculo para la renovación generacional de los investigadores del RPIDFA.
Ejército de recortes
En este marco de ajuste se da de baja también el financiamiento para la segunda serie de radares de largo alcance (RPA3DDLA, de 400 kilómetros), cuyo contrato con la empresa INVAP –que atraviesa una situación delicada debido a los proyectos suspendidos por el Gobierno, según le dijo a TSS el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao– fue firmado en noviembre de 2015. Un primer contrato para el desarrollo y fabricación de estos equipos se había suscripto a fines de 2007 e incluyó un prototipo, instalado actualmente en Merlo (Buenos Aires), y seis unidades de serie para sitios emplazados en Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Estos radares ya fueron entregados por INVAP, pero en algunos casos la Fuerza Aérea Argentina aún no termina de ponerlos plenamente operativos por problemas con los terrenos que debían ser provistos por las provincias. Estaba previsto que los radares de la segunda serie fueran instalados en la Provincia de Buenos Aires y en distintos lugares de la Patagonia.
Un dato no menor es la cancelación de la modernización de los viejos radares banda S de alcance medio (200 kilómetros, aproximadamente) Westinghouse TPS-43, cuya tarea estaba a cargo de INVAP. Estos radares complementan los grandes RPA3DDLA, dado que son móviles y funcionan como gap fillers, llenando espacios que suelen quedar sin cobertura, generalmente por estar cerca del suelo o junto a accidentes geográficos, por donde se pueden escabullir aeronaves de pequeño porte en vuelo a baja altura. Sorprende que esta decisión se tome junto con el repliegue del Operativo Escudo Norte que, con otro radar de INVAP de medio alcance, buscaba evitar la incursión de pequeños aviones por el norte argentino, fenómeno que, según el Gobierno, es una de las principales vías de operación del narcotráfico en el país.
Si se detectan aviones ilegales habría que ir a buscarlos y la mejor aeronave para esta tarea es el clásico IA-58 Pucará, que, por su antigüedad, estaba en proceso de modernización, principalmente,de sus motores. Se trata de un proyecto que había comenzado en el año 2010 y que hoy cuenta con un prototipo operativo. Sin embargo, es otro de los ítems cancelados. Sin el cambio de motor, los Pucará no podrán seguir volando dado que la planta de poder que poseen, el viejo Astazou de la francesa Turbomeca, no solo no se produce más desde hace décadas, sino que dejó de tener soporte técnico del fabricante
La enumeración de las diapositivas del general Sosa olvidaron al Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), uno de los proyectos más prometedores e interesantes de desarrollo de aviones no tripulados en América Latina
Defensa real estate
A los recortes se le añade la enajenación de parte del patrimonio inmobiliario de Defensa. Por lo menos 14 predios valuados en conjunto en 5485 millones de pesos serán vendidos en 2017. Ello representa más que la suma de todos los otros recortes del año (ver gráfico). Varios de estos inmuebles se encuentran en codiciadas ubicaciones de la Ciudad de Buenos Aires, en las que las constructoras e inmobiliarias podrán hacer lucrativos negocios. Precisamente, rubros en los que la familia presidencial y sus principales amigos siempre fueron muy diestros.
La enajenación de inmuebles del Estado, cualquiera sea su jurisdicción, por meras razones económicas coyunturales demuestra la ausencia de una concepción estratégica de la actividad estatal. La propiedad inmueble es crecientemente escasa y cara, a la vez de ser fundamental para la presencia territorial del Estado. Lo que quizás no se use hoy o sea irrelevante, puede ser vital mañana y, para entonces, haberse tornado muy difícil de conseguir.
Otro de los rubros en los que habrá grandes recortes será el del personal militar. Que las Fuerzas Armadas argentinas poseen un diseño anacrónico y en ese contexto están sobredimensionadas en lo que hace a personal es indudable. Los últimos datos oficiales de su estructura detallada datan del Libro Blanco de 2010 y, por entonces, entre las tres armas, sumaban cerca de 78.731 efectivos. Actualmente, son 84.104, pero con enormes distorsiones por grado, a un punto tal que en los niveles medios de oficiales (teniente coronel en el Ejército, capitán de fragata en la Armada y vicecomodoro en la Fuerza Aérea) hay más personal que en los rangos inferiores. Algo idéntico ocurre a nivel de suboficiales. Es decir: una estructura que poblacionalmente debería ser una pirámide es un rombo, con más gente en el medio que en su base.
Sin embargo, este tipo de problemas no se solucionan con recortes presupuestarios. Muy por el contrario, estas medidas tienden a agravarlos. De hecho, la distorsión morfológica descripta surgió durante el menemismo, cuando, ante la reducción de los salarios militares, se difundió la irresponsable práctica castrense de dar ascensos como forma de aumentar sueldos.
Como en tantos otros aspectos de la vida nacional, da la impresión de que la única lección que los CEO que gobiernan aprendieron de Sun Tzu es la relativa al engaño. Claro que, cuando el célebre estratega chino aconsejaba sobre su empleo, estaba pensando en una guerra contra un enemigo, no en una democracia y contra su propio pueblo.
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