EDGARDO AGUILERA
Los primeros cuatro aviones de instrucción Beechcraft Texan T-6 C, adquiridos nuevos a los Estados Unidos para modernizar la dotación de la Fuerza Aérea, arribaron a Córdoba el 2 de octubre pasado.
El cuarteto de avanzada sobre un total de 12 comprados, fue recibido ése día por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la Escuela de Aviación Militar.
En la ceremonia hicieron una pasada inaugural frente a las autoridades y ya no volaron más.
La misión, entrenamiento básico, para la cual fueron incorporados no se cumple porque no hay presupuesto para asignar horas de vuelo a la formación de jóvenes aviadores. El arribo de las máquinas al país fue parte de los anuncios positivos que hizo el Gobierno en la campaña electoral para la renovación de legisladores. Nada más.
La incorporación de las flamantes aeronaves al sistema de formación de aviadores se hizo en medio de la orden que había dado Mauricio Macri de limitar los gastos hasta fin de 2017. El ministro Aguad, con vocación de soldado, fue más allá.
Recorte
El 30 de octubre pasado la secretaria de Servicios Logísticos del ministerio de Defensa, Graciela Villata, comunicó por nota al Director General de Planes, Programas y Presupuesto, brigadier Alejandro Amoros un recorte de 300 millones de pesos en la cuarta cuota del presupuesto de funcionamiento, cifras similares se podaron en la Armada y en el Ejército. La tijera pudo haber afectado, entre otras actividades, el alistamiento operativo del submarino ARA San Juan.
Las cuatro aeronaves tienen 6 pilotos instructores, son los únicos que de tanto en tanto salen a volar para no perder la habilitación. Los aspirantes a aviador en cambio, perdieron tres meses de práctica que pudo haberse cumplido antes del receso estival. Ni siquiera se organizó un curso teórico de conocimiento del avión, imprescindible antes de subirse a la cabina. Hay una larga lista de espera de 2 promociones de jóvenes oficiales a los que se sumará una tercera camada que egresa de la Escuela de Aviación el 12 de diciembre próximo.
El colapso de la instrucción para llegar al brevet de aviador militar aún no ha podido zanjarse. Arrancó en 2007 luego de que el Estado Mayor Conjunto decidiera confiar la formación de pilotos de las tres fuerzas a la Fuerza Aérea que no tenía los medios adecuados. Por ese entonces los Mentor, con más de 50 años de uso en sus mecanismos, soportaron el primer curso básico conjunto de aviador militar (CBCAM) y dijeron basta. Año a año se agolpaban los egresados sin poder disponer de un avión, sólo los Tucano, con cuentagotas por la falta de repuestos, seguían recibiendo pilotos para la formación avanzada. Manotazos de ahogado, se echó mano a avionetas Piper que la Fuerza Aérea usa para enlaces en un intento de paliar la crisis. En 2012 se compraron 10 aparatos Grob TP 120 de origen alemán y durante la gestión de Julio Martínez se cerró un contrato de leasing por 8 ultralivianos Tecnam ensamblados bajo licencia italiana en Mendoza, este equipo no puede realizar las exigencias del vuelo militar. La constante del achique presupuestario golpeó todas las líneas logísticas de los aviones de entrenamiento, inclusive la de los flamantes Texan que arribaron al país con un lote minúsculo de repuestos.
Cuota
Aguad tiene otro problema en el horizonte con el contrato por los Texan. Hay que pagar a los Estados Unidos a través del programa gubernamental FMS (Foreign Military Sales) una cuota del orden de 63 millones de dólares antes de fin de año de un total de 160.470.000 que costaron los 4 aviones. El dinero integrado hasta ahora, unos 50 millones de dólares salió del presupuesto operativo de la Fuerza Aérea, y comprometió la capacidad de despliegue del resto de las aeronaves militares.
La operación tuvo génesis política, una señal de acercamiento entre Buenos Aires y Washington tras la visita que había hecho al país Barack Obama. La apuesta de la Casa Rosada a la continuidad demócrata en Hillary Clinton no se dio. El país quedó comprometido en un desembolso millonario mientras que el 9 de noviembre pasado la administración Trump dio a conocer que aplicará aranceles de hasta 72% en las importaciones de biodiésel desde la Argentina.
El 90 por ciento de las exportaciones de biodiésel criollo tenía como destino el mercado estadounidense en operaciones por 1.200 millones de dólares anuales.
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