El ministro de Defensa entregará esta semana a Macri un plan que incluye también crear "un Ejército de la reserva".
El Gobierno prepara una profunda reforma de las Fuerza Armadas que incluye la creación de una cuarta fuerza que se llamará “ciberdefensa” y de “un ejército de la reserva”, luego de la crisis que provocó la desaparición del submarino San Juan tras décadas de reducción del gasto militar.
El ministro de Defensa, Oscar Aguad, elevará al presidente Macri, a su regreso de una gira por Europa, un “abanico de alternativas que incluye esos dos cambios”, revelaron a Clarín fuentes gubernamentales. El plan del gobierno es anunciar la reforma militar “antes de que termine febrero”.
Otro de los ejes centrales de la reforma será “apurar las tareas de mantenimiento del submarino Santa Cruz”, que se encuentra en los talleres de Tandanor para reemplazar la función estratégica que cumplía la desaparecida nave San Juan. “Nuestras prioridades serán el Atlántico Sur y la Antártida”, se contó en esas fuentes del Gobierno. Al margen de la reforma, el gobierno hará ahora un homenaje a los 44 tripulantes del San Juan pero “sin hablar de muerte” hasta que se encuentre.
Hasta ahora la Argentina tiene al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y para ponerse acorde con la revolución tecnológica y los nuevos desafíos “se creará una fuerza de la ciberdefensa independiente” de esas tres fuerzas armadas. Los equipos cibernéticos que ya tienen las tres fuerzas armadas se unificarán en uno solo que estará bajo el control del estado mayor conjunto o directamente del ministerio de Defensa. El actual jefe del estado mayor conjunto, teniente general veterano de Malvinas Bari del Valle Sosa es uno de los asesores de mayor confianza de Aguad en la preparación de este proyecto. Hasta el 2015 el sector de ciberdefensa más grande había sido manejado por el ex jefe del Ejército general (RE) de Cristina Kirchner, César Milani, detenido por delitos de lesa humanidad. Se sospecha que Milani, que también mantenía el puesto de jefe de Inteligencia del Ejército, usó fondos reservados de esa área para hacer espionaje interno. La idea del actual gobierno es, en cambio, proteger de eventuales “ataques externos” a la red de internet argentina tanto privada como estatal.
Por ejemplo, el proyecto de Aguad apunta a nuevos conflictos como los suscitados entre EE.UU y la Federación Rusa por las acusaciones de intervención de Moscú en la campaña presidencia norteamericana o el ciberataque de Corea del Norte a los servidores de la empresa Sony por la película “La entrevista”, una comedia de Seth Rogen y James Franco sobre un imaginario complot de Estados Unidos para asesinar al dictador norcoreano, Kim Jong-un.
El otro eje es la creación del “Ejército de reserva”. El ex presidente Carlos Menem hizo derogar el servicio militar obligatorio, aprovechando el impacto que provocó el asesinato del soldado Omar Carrasco en 1994 y con miras a su reelección, y se pasó a un sistema de soldados voluntarios que dejó al país sin reservistas para convocar ante un eventual conflicto. Antes de la derogación de la colimba, cada clase de conscriptos pasaba a constituir una reserva. Ahora solo están entrenados en el uso de armas de guerra los voluntarios -que son unos 21 mil- que no alcanzarían para desplegar los regimientos necesarios ante una eventual agresión externa. Antes de Menem, el Ejército tenía 200 mil soldados conscriptos.
El proyecto consiste en entrenar durante cursos “de tres o seis meses a jóvenes como soldados y sobre todo a profesionales que puedan manejar las nuevas tecnologías que necesita la Defensa moderna”, dijeron las fuentes. No quedarían enganchados, sino que tras el curso volverían a la vida civil. Solo serían convocados para entrenamientos y un eventual conflicto. Con este criterio tecnológico, también se van a cambiar los planes de estudio del Colegio Militar, de la escuela Naval y de la escuela de la Fuerza Aérea para preparar, además de combatientes, más “expertos en nuevas tecnologías”.
Estas medidas van a ser complementadas con un redespliegue territorial de las unidades del Ejército. “El criterio va a ser que vayan hacia las fronteras y los espacios vacíos del territorio nacional, como la Patagonia”, contaron las fuentes. En los 70 el Ejército fue desplegado para “combatir” a la guerrilla en los grandes centros urbanos o frente a las hipótesis de conflicto con Chile y Brasil. “Ahora desechamos estas hipótesis de conflicto tradicionales y nos adecuamos a las nuevas amenazas”, contaron. Las fuentes precisaron que las FF.AA combatirán el terrorismo internacional y el crimen organizado “afuera del territorio nacional”, tal como establece la ley de Defensa, y aumentarán su apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra estas amenazas dentro del país.
Un capítulo de la reforma será el reequipamiento. El ministerio de Defensa espera recibir en las próximas semanas los 6 aviones Super Etendard de Francia -iguales al que hundió el Sheffield en la guerra de Malvinas- para re potenciarlos. Como la Armada no tiene más un portaaviones, se discute si pasará a disposición de la aviación naval o de la Fuerza Aérea.
También es estudia un proyecto para colocarle armas, “artillar”, a los aviones de entrenamiento nacionales “Pampa”, entre otras medidas de reequipamiento.
La caída de los gastos en Defensa es el contexto de la crisis que sufre el aparato militar argentino. La Argentina es el país de América del Sur con menor inversión en Defensa, medido en relación con el PBI. En 2016, fue de 1% (similar a 2012) cuando Brasil invierte 1,3%, Chile 1,9%, Uruguay 2% o Ecuador 2,2%, reveló el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría que conduce el politólogo Rosendo Fraga.
El proyecto supone continuar con el compromiso de Macri de aumentar los sueldos de los militares a un tres por ciento por año por encima de los incrementos a los estatales. Actualmente, un comisario gana más que un teniente general. En esta etapa la reforma se implementará por decreto, ya que con la actual ley de Defensa nacional basta y no hay un clima para discutir este sensible tema en el Congreso.
En el Gobierno se sabe que en 1998 el parlamento sancionó la llamada ley Jaunarena por el ex ministro de Defensa de Raúl Alfonsín que estipulaba que el presupuesto militar crecería el 15 por ciento en los próximos cinco años, a razón de tres por ciento anual. Nunca se cumplió y luego de los incidentes por la reforma previsional sería difícil consensuar cambios con la velocidad que se necesitan ante la catástrofe del San Juan.
Pero el equipo de Aguad sí estudia derogar el polémico decreto 727 del 2006 que impulsó la ex ministra de Defensa Nilda Garré que permite a las FF.AA. solo repeler “una agresión de origen externo y de carácter estatal”. Entonces, si por ejemplo un grupo terrorista internacional como Al Qaeda, que no tiene un estado detrás, atacara una base militar las fuerzas armadas no podrían repeler el ataque y deberían llamar a la policía.
