Martín Dinatale LA NACION
El Gobierno ordenó un operativo combinado en las fronteras entre efectivos de seguridad y los militares; también pidió respaldo a EE.UU., Israel y varios países europeos
En forma sigilosa y como prueba piloto, el Gobierno empezó a desplegar un ambicioso plan de lucha contra el narcotráfico y las posibles amenazas del terrorismo en las fronteras. Para ello, convocó a todas las fuerzas de seguridad, las policías locales y a las justicias provinciales, a las que sumó el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.
En forma paralela, la Argentina pidió asistencia logística e intercambio de información para combatir esos delitos a Estados Unidos, Israel y a varios países europeos.
El primer operativo combinado se hizo los días 26 y 27 de julio en Misiones, entre las localidades de Eldorado y Montecarlo. Según supo LA NACION de fuentes de la Casa Rosada, participaron 600 efectivos de Gendarmería, la Prefectura, la policía de Misiones, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
Se trata de una fuerte apuesta de Mauricio Macri por avanzar con su compromiso de lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como anticipó el propio Presidente la semana pasada en la cena anual de camaradería en el Edificio Libertador. La jugada, sin embargo, puede resultar polémica, ya que las Fuerzas Armadas están vedadas por ley para intervenir en la seguridad interior. Pero tanto en el Ministerio de Defensa, como en del Interior y en el de Seguridad aclararon que "en ningún caso está prevista la intervención de los militares en los operativos".
Explicaron que se trata de apoyo logístico para tareas de patrullaje por aire, tierra o ríos. En la Cancillería confirmaron la asistencia de otros países para avanzar en el intercambio de datos y el aporte de equipos.
En el reciente operativo de Misiones, la Armada puso a disposición un buque multipropósito y un software denominado Eureka que permite tener comunicaciones satelitales encriptadas y transmisión de datos para las fuerzas de seguridad. El Ejército puso un helicóptero. Sin embargo, el desarrollo del operativo estuvo enteramente a cargo de las fuerzas de seguridad con aval de la justicia local. También hubo intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para dar señales de alerta por operaciones sospechosas de narcotráfico al aeropuerto de Posadas.
Cerca del despacho de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijeron a LA NACION que la idea coordinada con todos los ministerios es avanzar en un operativo combinado por mes en diferentes zonas críticas de frontera. En todos los casos el objetivo es el mismo: detener el tráfico de drogas y eventualmente alertar sobre movimientos extraños que podrían dar lugar a situaciones de sospechas de terrorismo.
En las próximas semanas se extremarán los controles en la frontera norte del país a raíz de los Juegos Olímpicos de Brasil, ante las alertas que hubo de amenaza terrorista por supuestos representantes de Estado Islámico (EI) en Brasil.
Por otra parte, pasado mañana se pondrá en marcha un plan de radarización las 24 horas en gran parte de la frontera norte. En esa zona hoy sólo se hacen tareas de rastrillaje aéreo de seis a diez horas por día.
En tanto, en la Cancillería dijeron a LA NACION que hay una decisión de Macri de avanzar en acuerdos de cooperación con Estados Unidos, Israel y algunos países de Europa para recibir apoyo logístico y de equipamientos para tareas de seguridad.
Apoyo externo
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, anunció el jueves pasado en su visita a Buenos Aires que las agencias federales en Washington y en Buenos Aires están trabajando para mejorar la seguridad aeroportuaria y luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. También Kerry mencionó que hace poco Estados Unidos recibió 12 participantes argentinos en el Departamento de Estado, en la Academia de Fuerza Internacional, y remarcó que "la cooperación entre ambos países va a intensificarse a futuro". A la vez, las fuerzas de seguridad argentinas intensificarán los cursos de capacitación en Estados Unidos.
La administración de Barack Obama no es la única que trabaja en este sentido con la Argentina. Según confiaron a LA NACION altos funcionarios de la Cancillería, hubo un acuerdo de cooperación para intercambio de información sensible con Israel. Tanto Bullrich como su segundo en Seguridad, Eugenio Burzaco, estuvieron en Tel Aviv hace un mes para la conferencia de seguridad interior y ciberseguridad. Allí participaron expertos en la materia a nivel global. Existe amplia coincidencia entre Macri y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en coordinar esfuerzos en el combate contra el terrorismo.
Por otra parte, el Gobierno está negociando con España la compra de material tecnológico para dar soporte en tareas de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y también se trabaja en acuerdos de cooperación con España para la asistencia de fuerzas de seguridad en sistemas de informática. Algo similar se está desarrollando desde el Gobierno con Brasil, donde hay un permanente intercambio de información sensible de las fronteras.
Como informó LA NACION hace dos semanas, la Casa Rosada está llevando adelante acuerdos de control más estrictos en los aeropuertos con ayuda de Interpol.
Durante los dos últimos años del gobierno de Cristina Kirchner se realizó un despliegue de militares en zonas de frontera para suplir a las unidades de Gendarmería que fueron derivadas a reforzar la seguridad en el conurbano. Esto generó cierto malestar en algunos sectores progresistas del kirchnerismo.
Ahora, el gobierno de Macri se sustentará en algunos andamiajes legales para desplegar las fuerzas de seguridad y militar en las fronteras. Así, se dijo que hay un sustento en la ley de defensa, que en su artículo 30 sostiene que se podrá declarar zona militar a los ámbitos que, por resultar de interés para la defensa nacional, deben ser sometidos a la custodia y protección militar. Y la ley de seguridad interior, que en su artículo 27 sostiene que el Ministerio de Defensa dispondrá que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte.
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